De acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley Orgánica Para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y la Ley Orgánica del Adulto Mayor. La Junta Cantonal de Protección de Derechos, realiza las siguientes funciones:

1. Conocer, de oficio o a petición de parte, los casos de amenaza o violación de los derechos individuales de niños, niñas, adolescentes, mujeres víctimas de violencia y personas adultas mayores en situación de riesgo dentro de la jurisdicción del cantón Guamote; y disponer las medidas administrativas de protección que sean necesarias para proteger el derecho amenazado o restituir el derecho violado;
2. Vigilar la ejecución de las medidas administrativas dispuestas;
3. Interponer las acciones necesarias ante los órganos judiciales competentes en los casos de incumplimiento de sus decisiones y /o delitos debidamente tipificados en el COIP;
4. Requerir de los funcionarios públicos de la administración central y seccional, la información y documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones.
5. Llevar el registro de las familias, adultos, niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia del cantón Guamote, a quienes se haya aplicado medidas de protección;
6. Denunciar ante las autoridades competentes la comisión de infracciones administrativas y penales en contra de niños, niñas, adolescentes mujeres víctimas de violencia y personas adultas mayores en situación de riesgo.
7. Articulación intersectorial con instituciones públicas competentes, a través de remisión de casos de presunta vulneración de derechos, para valoración psicológica, socioeconómica y/o médica, según corresponda;
8. Emisión de Avocatoria de Conocimiento, Resolución Administrativa, según corresponda; Remisión de casos concernientes a la máxima autoridad de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Guamote (cumplir con el debido proceso de Apelación).
9. Elaboración de Informes de Derivación de Casos, para la intervención y seguimiento de acuerdo a funciones y competencias, verificando así, la rectificación de conductas de riesgo y/o amenaza.
10. Entrega de notificaciones/ citaciones según corresponda, a los actores del proceso administrativo (cumpliendo con periodos de tiempo establecidos en la base legal vigente).
11. Actualización periódica de expedientes individuales, mediante seguimiento al cumplimiento de disposiciones emitidas en Resolución Administrativa.
12. Planificación y ejecución de estrategias de prevención de vulneración de derechos cometidos hacia grupos de atención prioritaria, mediante la articulación con actores estratégicos del sistema cantonal- provincial de protección de derechos.
13. Articulación intersectorial, mediante la ejecución de proyectos, estrategias que mejoran la calidad de vida en cuanto a situaciones de vulneración de derechos.
14. Participación en talleres de capacitación referentes a temas de Protección de Derechos y Fortalecimiento del Sistema Provincial de atención a niños, niñas, adolescentes mujeres víctimas de violencia y personas adultas mayores en situación de riesgo.
15. Reuniones de trabajo para análisis de ratificación, modificación y/o revocación de medidas de protección, dispuestas en Resolución Administrativa, dicho análisis se da bajo la observancia y criterio de la máxima autoridad de la UJMCG.

Art. 205.- Naturaleza Jurídica. - Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, son órganos de nivel operativo, con autonomía administrativa y funcional, que tienen como función pública la protección de los derechos individuales y colectivos de los niños, niñas y adolescentes, en el respectivo cantón.
Las organizará cada municipalidad a nivel cantonal o parroquial, según sus planes de desarrollo social. Serán financiadas por el Municipio con los recursos establecidos en el presente Código y más leyes.

Art. 206.- Funciones de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos. Corresponde a las Juntas de Protección de Derechos:

1. Conocer, de oficio o a petición de parte, los casos de amenaza o violación de los derechos individuales de niños, niñas y adolescentes dentro de la jurisdicción del respectivo cantón; y disponer las medidas administrativas de protección que sean necesarias para proteger el derecho amenazado o restituir el derecho violado;
2. Vigilar la ejecución de sus medidas;
3. Interponer las acciones necesarias ante los órganos judiciales competentes en los casos de incumplimiento de sus decisiones;
4. Requerir de los funcionarios públicos de la administración central y seccional, las información y documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones.
5. Llevar el registro de las familias, adultos, niños, niñas y adolescentes del respectivo Municipio a quienes se haya aplicado medidas de protección;
6. Denunciar ante las autoridades competentes la comisión de infracciones administrativas y penales en contra de niños, niñas y adolescentes.
   

Art. 207.- Integración de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos. La Junta Cantonal de Protección de Derechos se integrará con tres miembros principales y sus respectivos suplentes, los que serán elegidos por el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de entre candidatos que acrediten formación técnica necesaria para cumplir con las responsabilidades propias del cargo, propuestos por la sociedad civil. Durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos por una sola vez. El Reglamento que dicte el presidente de la República a propuesta del Consejo Nacional establecerá los demás requisitos que deben reunirse para ser miembro de estas Juntas, las inhabilidades e incompatibilidades y los procedimientos para proponerlos y elegirlos.

Art. 209.- Definición y naturaleza jurídica. - Los organismos de ejecución de políticas, planes, programas y proyectos, son entidades públicas y privadas de atención que tienen a su cargo la ejecución de políticas, planes, programas, proyectos, acciones y medidas de protección y sanción, de acuerdo a las políticas y planes definidos por los organismos competentes y a las instrucciones de la autoridad que legitimó su funcionamiento.

Art. 210.- Eficacia y legalidad de su acción. - Las entidades de atención deben realizar sus actividades en la forma que asegure la vigencia y protección de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, con estricto apego a las disposiciones de este Código, de los reglamentos y de las instrucciones de la autoridad que legitimó su funcionamiento.

Art. 211.- Obligaciones de las entidades de atención. - Las entidades de atención y los programas que ejecuten deberán cumplir con las siguientes obligaciones generales:

1. Promover las relaciones personales y directas con la familia e impulsar actividades que permitan el fortalecimiento del vínculo o la reinserción familiar en el menor tiempo posible, según los casos.
2. Realizar acciones educativas con los familiares al cuidado del niño, niña o adolescente;
3. Proveer de atención personalizada y desarrollo de actividades educativas y recreativas con cada niño, niña y adolescente, de acuerdo con sus necesidades de desarrollo;
4. Cumplir los estándares nacionales de calidad, seguridad e higiene, además de los que en cada caso señale la autoridad que legitimó su funcionamiento;
5. Disponer de los recursos económicos, humanos y materiales adecuados, a los programas que ejecuten;
6. Remitir informes periódicos y pormenorizados sobre la marcha de sus programas, al organismo que autorizó su registro y funcionamiento;
7. Garantizar que los niños, niñas y adolescentes cuenten con los documentos públicos de identidad;
8. Realizar todas las acciones sociales, legales y administrativas orientadas a definir y solucionar la situación física, psicológica, legal, familiar y social del niño, niña y adolescente;
9. Proveer atención médica, odontológica, legal, psicológica y social;
10. Garantizar alimentación, vestuario e implementos necesarios para la higiene y aseo personal;
11. Poner en conocimiento de la autoridad competente la situación de amenaza o violación de derechos;
12. Poner en conocimiento de la autoridad competente los cambios del estatus legal de los niños, niñas y adolescentes con el fin de que ésta adopte las medidas correspondientes;
13. Garantizar el ingreso y permanencia de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo, cuando corresponda;
14. Mantener expedientes completos y actualizados de cada niño, niña o adolescente; y,
15. Las demás que se establezcan en este Código, leyes, reglamentos, resoluciones e instrucciones de la autoridad que legitimó su funcionamiento.

Art. 50.- Funciones de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos. Sin perjuicio de las ya establecidas en otros cuerpos normativos, corresponde a las Juntas Cantonales de Protección de Derechos las siguientes atribuciones:

a) Conocer de oficio o a petición de parte, los casos de amenaza o violación de los derechos de mujeres: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, en el marco de su jurisdicción; y, disponer las medidas administrativas de protección que sean necesarias para proteger el derecho amenazado o restituir el derecho violado;

b) Interponer las acciones necesarias ante los órganos judiciales competentes en los casos de incumplimiento de sus decisiones;

c) Requerir de los funcionarios públicos de la administración central y seccional, la información y documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones;

d) Llevar el registro de las personas sobre las cuales se hayan aplicado medidas de protección y proporcionar la información al Registro único de Violencia contra las Mujeres;

e) Denunciar ante las autoridades competentes, la comisión de actos de violencia de los cuales tengan conocimiento; y,

f) Vigilar que, en los reglamentos y prácticas institucionales, las entidades de atención no violen los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores.

Art. 84.- Atribuciones de los gobiernos autónomos descentralizados. Son atribuciones de gobiernos autónomos descentralizados, sin perjuicio de las establecidas en la respectiva normativa vigente, las siguientes:

1. Los municipios y distritos metropolitanos, garantizarán el funcionamiento de los consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de políticas y servicios especializados a favor de las personas adultas mayores;
2. Los municipios y distritos metropolitanos dotarán a los consejos cantonales de protección de derechos y a las juntas cantonales de protección de derechos los recursos y la infraestructura necesaria para asegurar los servicios especializados a favor de personas adultas mayores; y,

Los municipios y distritos metropolitanos, a través de las juntas de protección de derechos conocerán, de oficio o a petición de parte, los casos de amenaza o vulneración de los derechos de las personas adultas mayores dentro de la jurisdicción del respectivo cantón; y dispondrán las medidas administrativas de protección que sean necesarias para amparar el derecho amenazado o vulnerado.

Art. 49.- Autoridad Administrativa: Las Juntas Cantonales o Metropolitanas de Protección de Derechos conocerán y resolverán los casos de vulneración de derechos de las personas adultas mayores en su respectiva jurisdicción, para lo cual adoptarán las medidas administrativas de protección de derechos establecidas en el presente Parágrafo.

Art. 53.- Corresponsabilidad de la autoridad administrativa: La Junta Cantonal o Metropolitana de Protección de Derechos, en ninguna circunstancia, podrá negar el otorgamiento de medidas de protección a las personas adultas mayores, siendo responsable por la vulneración de los derechos de la víctima que se llegaren a generar por su omisión. Podrá otorgarse una o más medidas de protección para un mismo caso y aplicarse de forma simultánea o sucesiva.